Mientras el martes en el seno de la Comisión legislativa Bicameral de Seguimiento de la Participación de las Fuerzas Armadas en Labores de Seguridad Pública se desdramatizaba la primera interrelación institucional, la tarde del mismo día arribaba a Palacio Nacional la poderosa consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, que estaría revelando la supervisión directa de Washington de la estrategia mexicana de seguridad.
En el sistema legislativo mexicano no existen, como en el estadounidense, mecanismos de independencia absoluta y formas de operación basadas en criterios de supervisión crítica; el comité selecto de inteligencia del Senado americano cita a comparecer a miembros del área de seguridad y los interroga en un espacio con muchos significados: el panel de senadores se coloca en una tarima de alrededor de un metro y medio y en la parte inferior se coloca una mesa y una silla donde el compareciente es sometido a un estricto interrogatorio crítico, aunque con garantías de secrecía por razones de seguridad nacional.
De refilón, en una reunión previa a la comparecencia del gabinete de seguridad ante la Comisión de supervisión de las Fuerzas Armadas en seguridad, el director de Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas en Puebla, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, recordó que en el congreso mexicano existe una Comisión de Seguridad Nacional que no se reúne, como dejando entrever que ojalá la nueva Comisión tuviera mejores resultados, aunque el saldo no fue el esperado: la reunión del martes se hizo a puerta cerrada y su función fue solamente reunirse con el gabinete de seguridad en el contexto de la entrega del informe semestral sobre la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad.
Para enriquecer el escenario estratégico, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador adelantó el informe semestral, pero con dos indicios que han seguido incrementando los niveles de preocupación social por su significado: primero, aceptó como normal la existencia de retenes del crimen organizado en espacios territoriales de la soberanía del Estado y agradeció que funcionarios de Gobierno sean tratados con diferencia por los criminales; y también dio su aval para que las madres buscadoras de hijos desaparecidos pudieran pactar con los cárteles criminales alguna especie de salvoconductos especiales para atravesar zonas calientes sin sufrir daños o agresiones que implicarían una cesión territorial y estratégica del Estado.
Y para cerrar el tema de seguridad, las cifras oficiales del informe semestral reconfirman encuestas y seguimientos gubernamentales para probar que efectivamente ha habido una disminución de la inseguridad, pero los mismos datos estarían probando que los resultados son menores a los esperados, en tanto que la declinación criminal anda en promedio en 12%, con la circunstancia agravante de que el Estado ha hecho inversiones multimillonarias y creado personal especial en la materia como para que las cifras estuvieran mostrando disminuciones poco sensibles.
Lo que queda de este complejo cuadro de intereses estratégicos es que Estados Unidos mantiene un enfoque de seguridad nacional de la crisis de seguridad en México, en tanto que los esfuerzos mexicanos se sustentan de manera directa en las doctrinas de la seguridad pública –la afectación del patrimonio individual–, sin reconocer que la crisis de seguridad pública en México se encuentra en la lógica de la seguridad interior, es decir, una interrelación entre seguridad pública y seguridad nacional y que por ello se requiere una acción más decidida del Estado para combatir al crimen organizado que le está disputando espacios territoriales e institucionales al propio Estado.
