En días pasados el titular de la SHCP informó sobre posibles recortes adicionales al programa de egresos de la federación; esto luego de anunciar que la economía mexicana creció, así como también la tributación en abril 2023 respecto del mismo periodo del año pasado, pero ante la contundencia de dos elementos: (a) la economía mexicana apenas recuperó el tamaño de 2018 y (b) pese al incremento de tributación, los ingresos totales del gobierno federal cayeron, principalmente por pérdidas en PEMEX.
Recortes y ajustes previos se han sentido en las universidades públicas de todo el país, ya se ven efectos tanto en la Autónoma de Nuevo León como en la de Guadalajara, en ambas, como en otras, siguen las complicaciones y retrasos, por ejemplo, en la ministración de sus correspondientes programas de estímulos docentes.
Aquí vale notar que esa clase de programas son complementos a ingresos del personal en las universidades dadas las condiciones de bajísimos salarios acompañados del hecho que incrementar los salarios presiona los sistemas de pensiones universitarios; por ello, como un esquema preventivo, tanto como regulatorio en el impulso a la productividad, cada universidad (incluso los centros públicos de investigación, CPIs) tiene un programa de estímulos docentes o de productividad, según sea el caso, que sufre embates presupuestales cada año.
Los posibles nuevos recortes anunciados por SHCP ejercerán mas presión en los meses por venir sobre los ingresos del personal de las universidades públicas; salvo aquellas que tienen su asignación directa especificada en el PEF, como, por ejemplo, la UNAM.
La comunidad mexicana en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, tiene un quehacer relevante en la dupla Conocimiento y Educación, mismo que se gesta en las universidades públicas y tendrá desventajosas condiciones si mas recortes llegan a estas instituciones y los CPIs.
Es una obviedad que los proyectos presidenciales no serán tocados por tales recortes, ni dos bocas, ni tren maya, tampoco los estadios de béisbol; mucho menos aquellos programas que podrán manejar la estrategia financiero-electoral de 2024.
Entonces, ¿cuáles sí pudieran ser susceptibles de impacto por tales recortes?
Tendremos la precisión cuando sucedan y si es que las condiciones imponen recortes adicionales o no.
Dada la inercia discursiva y narrativa oficial, esa que se dicta cada homilía tempranera, se evoca la posibilidad que el impacto de los recortes presupuestales estará en las universidades públicas; en parte la tensión entre la comunidad de la Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco tiene origen en esta realidad, aquí otras universidades deben poner sus barbas a remojar y ser mas proactivas.
Si bien el dicho en el párrafo inmediato anterior pudiera ser calificado como especulativo, lo motiva el hecho que la universidad pública no ha sido prioridad del Ejecutivo Federal en la actual administración; ni las universidades que fundó esta administración son cuidadas ni fondeadas, de hecho tienen programas educativos sin plantilla docente suficiente, no tienen planteles con instalaciones competitivas y ha trascendido que el escaso número de personas contratadas han expresado su descontento por incumplimiento laboral; la insuficiencia presupuestal, que impacta al desempeño académico y docente, ha detonado, entre mucho mas, a la inconformidad de personas adscritas e inscritas.
Cierne sobre la comunidad universitaria, y como consecuencia en la de CTI, la amenaza; de hecho, el problema de fondeo explotó en 2017, cuando varios CPIs coordinados por el entonces CONACYT tuvieron grandes problemas presupuestales.
Desde entonces las cosas no se han recuperado, los programas de estímulos de CPIs siguen con incumplimiento, son incompletos; luego, entonces, en ese sentido no hay diferencia entre el CONACYT del sexenio anterior y el CONAHCYT que terminará en el actual, si es que no hay un freno regulado por la SCJN; ¿la administración federal actual es igual o peor?
