La vigilancia de los procesos electorales en México fue siempre, en la época moderna posrevolucionaria, uno de los dolores de cabeza de las autoridades: la reforma electoral del presidente Avila Camacho de 1946 creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, en 1951 se transformó en Comisión Federal Electoral, en 1990 el presidente Salinas hizo el cambio gatopardiano para que las cosas siguieran igual e inventó el IFE y en 1996 Zedillo lo transformó en INE con el control a trasmano del Gobierno.

En sus 33 años de vida, el órgano electoral nunca ha estado fuera del control directo del Gobierno y del Estado priista-panista. Hasta 1996 el gobierno federal mantenía el control directo del órgano electoral que realizaba votaciones y contaba sufragios y de 1996 a la fecha se creó el Consejo Electoral con funcionarios propuestos por el gobierno y designados por el Congreso priista-panista y todos sus consejeros presidentes fueron producto de una decisión presidencialista en sus dos formas: ejecutivos salidos del PRI o ejecutivos salidos del PAN pactando con el PRI.

El primer consejero presidente que asumió una autonomía relativa en el IFE fue José Woldenberg, un militante de la izquierda universitaria socialista-priista, miembro del grupo intelectual orgánico del salinismo que era la revista Nexos. Las dos primeras camadas de consejeros electorales fueron seleccionadas por Salinas de Gortari y Zedillo a partir del hecho irrefutable de que se creaba un mecanismo de intermediación priista para impedir la construcción de un verdadero organismo electoral autónomo e independiente del sistema/régimen que controlaba el PRI.

El IFE no fue el arquitecto de la alternancia del 2000; la posibilidad de la victoria del PAN fue decisión política del presidente Zedillo por intervención del Gobierno de Bill Clinton para pugnar por una alternancia hacia el conservadurismo panista; en este contexto, Zedillo no ordenó ni permitió el fraude electoral del PRI y desde el principio frenó todas las posibilidades políticas del candidato priista Francisco Labastida Ochoa; la diferencia de más de 6 puntos porcentuales en las elecciones garantizó la alternancia.

El IFE pudo asumir su condición real de organismo autónomo con el gobierno de alternancia de Fox, pero el panismo foxista pactó con el priismo de Elba Esther Gordillo la designación del académico Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del PRI para contener la candidatura perredista de Andrés Manuel López Obrador. El papel del IFE a favor del PAN en las presidenciales del 2006 quedó marcado por la pasividad del organismo electoral en el uso de mecanismos autoritarios e ilegales para tratar de contener la candidatura del tabasqueño, comenzando con la permisividad para el desafuero de López Obrador como jefe de gobierno y su encarcelamiento para disminuirle condiciones de elegibilidad.

El papel del IFE de Ugalde-Fox-Gordillo derivó en la destitución del consejero presidente, aunque la nueva directiva electoral, bajo la dirección de un funcionario de origen perredista ya en modo priista-panista, volvió a facilitar el uso de mecanismos ilegales por parte del PRI para empujar la victoria del candidato Enrique Peña Nieto.

El IFE entró en su segunda cirugía mayor en el contexto del Pacto por México, un acuerdo elitista del PRI y el PAN y la complicidad ya del PRD en manos de Los Chuchos, lo que aceleró la separación de López Obrador de ese partido y la fundación de Morena. La reforma electoral del Pacto por México fue correlativa a las reformas estructurales de segunda generación que impulsaron Peña y la oposición para relanzar el modelo económico neoliberal de Salinas de Gortari, amarrando de nueva cuenta la complicidad PRI-PAN para designar al académico Lorenzo Córdova Vianello como consejero presidente, aprovechando su pertenencia al grupo de Woldenberg que controlaba como cacicazgo a la burocracia electoral.

La reforma electoral –en modo de Plan A y B– de López Obrador ha buscado la depuración de los tres orígenes perversos del organismo responsable de las elecciones: el grupo intelectual controlado por Salinas de Gortari, la conversión del INE en un partido político aliado a la oposición PRIANREDE y al bloque conservador de Coparmex-Claudio X. González y la intentona de Córdoba Vianello de usar el Instituto para acotar la candidatura presidencial de Morena con la amenaza de anulación de registro como ocurrió en Guerrero y Michoacán.

Pase lo que pase con la impugnación judicial del Plan B, El INE ya no será el mismo que diseñó Salinas de Gortari en 1990 para subordinarlo al PRI y a la coalición anti PRD de 1990 y anti Morena en la actualidad.