Coinciden dos versiones de testigos:
Cuando se preparaba el relevo de gobierno, el entonces presidente electo reunía a su futuro gabinete de seguridad para tomar decisiones.
Bosquejaba, sin precisión sobre conformación y estructura, revivir aquello denominado Guardia Nacional desde 1846.
Sería el sucedáneo de la Policía Federal (PF), se dijo entonces, una corporación marcada por la corrupción, la ineficiencia y su enorme costo en el presupuesto.
Vino el debate de cuántos elementos se necesitarían y se invocaron números tanto de la Policía Federal Preventiva (PFP) de Ernesto Zedillo, hasta la PF de Gelipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Se hablaron de decenas de integrantes y la cifra más conveniente se estimó en unos 130 mil elementos para repartirse en más de 200 zonas.
Los estados más violentos -Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Sinaloa- tendrían trato preferencial en el envío de efectivos.
El asunto concordaba con lo prometido en campaña y durante la transición.
OFERTA DEL SECRETARIO
Pero hubo un giro.
En una sesión el futuro mandatario preguntó a Alfonso Durazo, designado secretario de Seguridad Pública, nombre luego corregido Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC:
¿Cuántos policías puede capacitar con rapidez para integrar a la nueva policía?
-Unos cinco mil al mes -aventuró el ahora gobernador de Sonora.
Luego se dirigió al también nominado secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval:
-¿Y usted, general?
-Puedo aportar 50 mil soldados de inmediato.
-¿Ya ves, Arturo? Esa es la solución: incorporar al Ejército a la Guardia Nacional para cubrir más territorio y ofrecer resultados inmediatos.
Así nació la militarización, hoy en jaque porque la oposición se resiste a avalarla en el Senado de la República y por eso su jefe del control político, Ricardo Monreal, negocia acuerdos.
El problema se centra en el artículo quinto transitorio aprobado por unanimidad a principios del sexenio para dedicar cinco años a formar cuerpos suficientes, con personal profesional y recursos garantizados.
Como nada se hizo por profesionalizar a las policías, ahora se pretende mantener al Ejército y a la Marina en las calles, plazas y campo mexicanos hasta el 2028.
El PRI del Senado no es el PRI aliado del gobierno en la Cámara de Diputados y Monreal está obligado a enderezar este entuerto en días.
El plazo legal apremia.
MOLESTIAS DEL EJÉRCITO
1.- El martes pasado dimos cuenta en este espacio de la creciente inconformidad en las filas castrenses por presentar a mandos del Ejército como victimarios de normalistas de Ayotzinapa.
Ayer el presidente abordó el tema, habló de intereses oscuros y actitudes perversas para repetir lo dicho por Adán Augusto López en el Senado: sólo cinco militares están señalados.
Pero la molestia crece y, como lo señalamos hace tres días, el tema puede pasar a rebelión por una investigación tan cuestionada y falta de garantías a la milicia en sus actividades.
Y 2.- mañana la panista Tere Jiménez relevará a Martín Orozco en la gubernatura de Aguascalientes.
Se encuentra con una sorpresa: el suicidio de Armando Rodríguez Domínguez, el reelecto presidente municipal de San José de Gracia.
Con los datos disponibles, no hay duda: el ex priísta y militante de Fuerza por México tomó esa determinación por problemas económicos.
Tere no se hace bolas y dejará el municipio a ese partido en vías de extinción.
