El cierre del 2021 enmarcó la presión ejercida por el ejecutivo federal, en diferentes frentes, a instituciones de la Ciencia Tecnología e Innovación, CTI, y la cultura; de por hecho, los embates seguirán.

El caso CIDE llegó a ser muy sonado, ahora casi abandonado por medios de comunicación; ese tema sigue vivo, aparentemente enfriado.

De hecho, CONACYT persevera en el error de imponer a quien no es aceptado al interior de esa institución, ¿cómo podrá hacer su labor sin el apoyo interno o pretende cambiar toda la planta?, ambas situaciones lucen inviables (ya hemos dicho en este espacio que aun cuando el proceso haya sido formal, la impertinencia da inviabilidad).

En el caso de la ENAH, parece que se rectificó, esta columna hasta no verlo lo creerá.

La UNAM y la UdeG son universidades públicas, muy grandes en muchos sentidos, desde la población estudiantil hasta la importancia en el país entero, que han sido blanco de estrategias mediáticas, descalificaciones mañaneras y muchos otros trucos pasando por las presiones presupuestarias, directamente en el caso de la primera, complementada la federal con la estatal en la segunda.

La táctica presupuestaria surte efectos para intentar acallar a las instituciones o provocar estrés institucional, como en Jalisco donde la tensión entre el ejecutivo estatal y la UdeG fue detonada por razones presupuestarias desde Palacio Nacional.

Las instituciones de educación superior privadas no están a salvo de embates, la supresión arbitraria de las becas a miembros del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, afectó al ITAM, la IBERO y UDLAP; está ultima en un embrollo legal que implica intereses del titular de la FGR por haber sido rector otra institución casi homónima, pero en la CDMX (UDLAP contra UDLA, acrónimos que provocan confusión frecuente, ahí el lío legal).

Del asunto de las becas del SNI, todo indica que CONACYT tuvo revés luego que se concediera amparo a quienes se afectó, pero el fondo del asunto está pendiente.

Además, en otro frente contra instituciones, se refiere a la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC, y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA; dependencias de SEMARNAT y CONAGUA, respectivamente.

Estas instituciones sectorizadas no tenían una vocación plena hacia la CTI, pero sí contaban con un enorme traslape, por el carácter de su función pública; de hecho, lo que significa es que SEMARNAT Y CONAGUA, sin sus brazos técnicos, alcanzarán una deficiente formulación de políticas públicas basadas en evidencia científica, en CTI, pues.

La afectación, provocada desde Palacio Nacional, es muy grave, sin INECC e IMTA los criterios y valoraciones basadas en la CTI no podrán ser incluidos en normatividad con gran perjuicio a la población e, incluso, violación del mandato constitucional por violar el derecho humano a recibir los beneficios de la CTI en materia medioambiental, clima y del vital líquido.

La alternativa de defensa, además de la movilización y visualización social, está en la correcta judicialización; nunca en pintas de monumentos históricos por quienes deben estudiarlos y preservarlos.

La UDLAP se equivoca si cree que verá favorecidos sus intereses educativos al mandar una carta al presidente de la SCJN; la opción es recurrir al proceso judicial correspondiente para que la fuerza pública poblana salga de sus instalaciones.

Como en el caso de los amparos otorgados a quienes, unilateralmente, se les dejó de ministrar la beca del SNI; cada caso, institución, asociación o personas afectadas deben interponer los recursos jurídicos correspondientes.

Quizá, debe estudiarse el caso, la red ProCiencia o asociaciones científicas podrían entablar un proceso legal sobre la decisión de la autoridad federal de eliminar al INEEC e IMTA por la violación al derecho constitucional de recibir los beneficios de la CTI; en términos medioambientales y agua sana tanto para beber como la industria agropecuaria.

No acallemos, hay opciones.