El diputado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 58 ayuntamientos del estado a que en sus operativos anti alcohol estén presentes observadores de las respectivas Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y además, se considere realizar una convocatoria pública para que la sociedad civil pueda participar con observadores independientes y voluntarios.
La implementación de operativos y retenes anti-alcohol es un práctica recurrente y útil para prevenir accidentes e inhibir que la población conduzca bajo los efectos del alcohol. Esta política gubernamental cobra mayor relieve en las épocas decembrinas y vacacionales, principalmente, por que se dan más momentos de convivencia social a través de posadas y otras formas de esparcimiento social.
Afirmó que en los últimos días se ha comenzado a dar una discusión pública ante la probable instalación los retenes de alcoholimetría en la zona metropolitana, después de las declaraciones dadas por el titular de Seguridad Pública Municipal de la Capital potosina, Juan Antonio de Jesús Gutiérrez, y por el reciente accidente donde perdieran la vida dos jóvenes en los niveles altos del distribuidor vial Benito Juárez.
“Desde la sociedad civil, por un lado, se ha criticado y cuestionado si el fin de estos operativos es prevenir accidentes o generar recursos para las instituciones recaudadoras y, por otro, hay gente que señala que son pertinentes, puesto que el fin último es salvar vidas; no obstante, la discusión pública deja entrever que persiste la duda y la desconfianza hacía las autoridades de tránsito”.
Afirmó el legislador que Badillo Moreno que “los accidentes de tránsito vinculados con el alcohol representan uno de los problemas de salud en el país más importantes. Su impacto tiene mucho mayor relieve en edades entre 5 y 29 años de edad. Evidentemente, el manejo de automóviles y los accidentes relacionados con el alcohol, implican una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de la población en general”.
Señaló que el Punto de Acuerdo es pertinente ya que el problema de la conducción bajo los influjos del alcohol tiene un gran impacto en la población, sobre todo en las juventudes. “De esto también podemos concluir que los operativos anti alcohol no son solo viables sino necesarios”.
“Sostenemos que es necesario que exista presencia de parte de observadores en materia de derechos humanos, de forma permanente, en cuanto a funcionarios de las respectivas Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y, de asistencia voluntaria, de parte de integrantes de la sociedad civil para aminorar e inhibir violaciones a los derechos humanos y a que se den casos de las famosas “mordidas”, que implican hechos de corrupción”.
“Las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos cuentan con personal que en calidad de visitadores u observadores pueden asesorar a los automovilistas y en su caso dar fe de violaciones a los derechos fundamentales de las personas. La propuesta de que las autoridades municipales emitan convocatoria para que existan observadores de derechos humanos desde la sociedad civil no es una invención nuestra sino que se encuentra contemplada como mecanismo de participación en el Protocolo para la Implementación de Puntos de Alcoholimetría de la Comisión Nacional para la Prevención de Accidentes que fue elaborado con participación de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud”.
Puntualizó que “con esta vigilancia y participación ciudadana podremos elevar la confianza de las y los potosinos en las policías viales y sus operativos y garantizar sus derechos”.
El Punto de Acuerdo del diputado Cuauhtli Fernando Badillo se turnó a las comisiones de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social y Derechos Humanos, Igualdad y Género.
