Ha trascendido, hace apenas dos días, el riesgo cimentado en las decisiones arbitrarias, éstas pueden llegar a invadir el quehacer y saber, la vida pública y privada, en nuestro país.
La referencia es hacia los señalamientos que se han filtrado sobre la investigación que pesa en 31 profesionales de la CTI mexicana; señalamientos que la FGR recibió desde CONACYT para que la primera acusara penalmente a las personas -no ha sido desmentido, al momento de cierre de esta entrega, que la fuente primigenia haya sido CONACYT-
El acto de CONACYT y la FGR ha sido enmendado, por ahora, también trascendió, debido a que un juez ha manifestado incompetencia (término legal para decir que no es de competencia de esa autoridad); hecho que no evita se interpongan mas actos en este sentido por la parte acusadora, toda vez que no es asunto juzgado.
Por un lado, a todas luces y quizá como origen real de la acusación, está el inmerecido nombramiento del Fiscal General de la República como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT; éste ha sido ampliamente revelado como indebido, ya que violenta toda norma al respecto y, tal vez mas serio, que pasa por encima de connacionales que, tras decenios de hacer esfuerzos, se queman las pestañas, literalmente, para lograr la membresía al SNI, así como la permanencia o promociones en éste.
¿Sabrá Palacio Nacional del asunto? Si sí, sería cómplice, o ¿se actuará por la libre desde Insurgentes Sur?
Según el titular del ejecutivo federal, así lo ha dicho, en su propia voz, no se mueve ni una hoja del árbol sin consentimiento del Presidente de la República en turno.
Como me ha hecho notar un colega, este acto contra profesionales de la CTI sugiere un intercambio de favores entre la DG del CONACYT y el titular de la FGR, como resultado se da una persecución de profesionales de la CTI que han señalado la sinrazón de las decisiones en CONACYT.
La autoridad federal que la Ley vigente le otorga al CONACYT para gestión y administración en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, está siendo alterada con las alianzas políticas a fin de interponer miedo a cambio del silencio de la comunidad CTI; la cual, reitero, ha señalado incumplimiento en la obligación de ley que tiene el CONAYCT mismo.
Además, no ha sido el único acto, también en CONACYT se han realizado foros con pretexto de la tan necesitada, procuración, administración e impartición de justicia en diversas materias como derechos laborales y mas en el entorno a la CTI.
Con panelistas a modo buscan fincar señalamientos públicos y artificiales sobre las personas, profesionales de la CTI, que han sido críticos de la gestión del CONACYT.
Quizá futuros señalamientos, y hasta acusaciones, se puedan fabricar desde Insurgentes Sur para presionar mas a miembros de la comunidad en CTI; a la luz de los actos recientes no sorprendería.
La inacción, por decir lo menos, en políticas públicas federales en CTI son la constante, por incapacidad o inexperiencia, ahora aderezadas con estos actos.
Si ha habido falta alguna que se sancione, pero sujeto al debido proceso.
La ruta para los señalamientos de CONACYT debería ser a la SFP, quién luego de investigar podría sancionar, por ejemplo, con inhabilitación o lo que resulte, si resultara algo, de la investigación.
Lo anterior siempre sujeto a la justa defensa de las personas acusadas.
Que la FGR, con señalamientos del CONACYT, haya solicitado a la autoridad judicial una orden de aprehensión a profesionales de la CTI por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cosa que se argumenta mientras se sabe que son del PEF, y delincuencia organizada, mientras en otros casos se ofrecen abrazos no balazos, da signos de autoridades mezquinas, esas que laceran y fracturan a una sociedad entera.
Se debe decir fuerte y claro: Una persecución de estado es un gran riesgo al país y los sectores que le conformamos, fabricar delitos para acallar a la sociedad es muy grave, no soslayemos actos inadmisibles.
