Aquí se da seguimiento a los efectos que la normativa mexicana tiene sobre la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI; que cuenta con vacíos y cómo este hecho, el enredo normativo, impide la prospección de progreso a partir de la CTI nacional.
Ha habido centros privados, pero es real cuando se dice que la CTI en la iniciativa privada mexicana es nula; hubo alguno que desarrolló el primer anticonceptivo a partir de estudiar la química natural, se dice que fue adquirido por capital extranjero; recuerdo uno de pinturas mexicanas, lo conocí a finales del decenio de 1990, entonces desarrollaron tecnología a partir de teoremas matemáticos e incrementaron su productividad y calidad; hay otro, de capital foráneo, conocido por adhesivos en reconocida marca con una triple m.
En general, el capital privado mexicano no quiere invertir en CTI, craso error, prefiere adquirir y asimilar tecnología que desarrollarla a partir del conocimiento propio; en otros países es una situación contraria, de cuyos productos tecnológicos se da proveeduría a empresas mexicanas.
En la iniciativa pública un primer elemento es que hay diversos Centros Públicos de Investigación, CPIs; unos están sectorizados, como, por ejemplo, INEEL e IMP en la Secretaría de Energía o CINVESTAV en la SEP y otros son coordinados por CONACYT; desde aquí ya se esbozan barreras de norma y una falta de integración.
Los CPIs que debe coordinar CONACYT cuentan en conjunto con mas de 2000 profesionales de la CTI y capacidad científica instalada, pero operan sin coordinación real, vaya, ni siquiera se conocen entre sí.
Dentro estos, algunos fueron sectorizados; como CIBNOR, en Baja California Sur, que lo estaba en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto.
Algunos CPIs fueron creados por decreto como organismos públicos, otros fueron constituidos en el marco de la ley de sociedades mercantiles para después firmar convenio de desempeño con el poder ejecutivo federal, mediada la SHCP; hasta entonces se les decreta como ente público.
Aquellos emanados de poderosas secretarías de estado cuentan con presupuesto abundante y tienen mas tiempo desde su creación.
De los CPIs constituidos como sociedades mercantiles algunos son Asociaciones Civiles, AC, alguno otro como Sociedad Civil, SC, y hasta hay una Sociedad Anónima, SA.
La AC es una figura sin fines de lucro al contrario de la SC y la SA, que son figuras previstas en la ley con fines de lucro; ejemplos de la primera COLSAN e IPICYT, en San Luis Potosí, y de las dos últimas CIMAV, en Chihuahua, y COMIMSA, en Coahuila, respectivamente.
CIMAV tiene presupuesto público y vocación en ciencia y aplicación de materiales.
COMIMSA no tiene presupuesto público programado en el PEF y se caracteriza por servicios de ingeniería en algunas áreas productivas como Energía y Metalurgia, al igual que CIDESI o CIATEQ, en Querétaro, es mas como una firma de ingeniería; algunos empresarios le ven como competencia financiada por sus propios impuestos.
En algún tiempo los CPIs del CONACYT fueron agregados como “científicos, tecnológicos y sociales”, una clasificación arbitraria sin fundamento de ley, en la administración anterior tuvieron las ocurrencias de agruparles, de nuevo sin fundamento de ley, como consorcios a la vez que como alianzas estratégicas y al mismo tiempo como clústeres; era una mezcolanza.
La administración actual no sabe qué hacer con los CPIS que debe coordinar; sólo les presiona y ahorca su sostenibilidad financiera; como la extinción de fideicomisos que permitía hacer proyectos transanuales de base en la CTI por contrato con entes privados o públicos, situación que reconocía la realidad de la CTI en el sentido que se requiere mas de un año fiscal para concretar sus productos.
Todo lo anterior muestra la vulnerabilidad que la normatividad mexicana provoca en los CPIs, son frágiles a los vientos políticos; hecho contrario a la realidad en ciencia que requiere asincronía electoral y autonomía de una política vertical de estado.
