Por el descenso de reclusos que ha habido en los sistemas carcelarios local y federal, se evidencia que el nuevo sistema de juicio penal está dando resultados. En 2014 había en las 447 cárceles del país en ese tiempo, 255 mil 638 y en 2019, la cifra había bajado a 198 mil 384, una cantidad menos de 57 mil 254. La liberación por delitos no graves y el pago de la pena en libertad que ha hecho posible esa disminución, no profundiza sin embargo, el problema real de lo que sucede en esos sectores. Esa disminución se da por cuestiones justas procesales, pero lo que lleva a un número tan alto de infractores a estar recluidos o libres con condiciones, no se toca. El ex jefe de la CDMX Miguel Ángel Mancera, ha criticado ese nuevo sistema penal, sin aportar nada como abogado que se supone que es y que debería de saber que el delincuente como ser humano, tiene derecho a la readaptación y a vivir en un sistema que ofrezca diferentes condiciones que las que lo llevaron a delinquir. Por otro lado debería de hacer una autocrítica en momentos en que está bajo miradas, tras las denuncias contra varios de sus ex funcionarios y aliados en la pasada administración. Debería recordar, además, aquella Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados cuya última reforma fue el 2009, justo unos meses antes de que Felipe Calderón firmara los contratos sobre reclusorios con empresas privadas que los iban a construir, reformar y administrar. La ley mencionada pone énfasis en la readaptación, claro desde la perspectiva de este sistema y concede un día por cada dos de la pena aplicada, a los que cubran los requerimientos de conducta.
EL GRAN NEGOCIO DEL DELITO. FRENTE A LA INJUSTICIA SOCIAL QUE LO PRODUCE
La discusión que se ha dado en los últimos meses sobre las grandes ganancias que obtiene el sector privado por construir y administrar cárceles, no toca para nada la solución de fondo del problema. La obtención de ganancias de sectores que tienen esa finalidad estaba previsto, aunque hasta ahora se denuncia. Algunos son aves de rapiña prestos a lanzarse sobre la presa, en este caso presos. Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pusieron las bases o las ratificaron, para que así fuera. Y los negocios se los dieron a gente cercana. Lo fundamental que era escarbar el porqué las sociedades modernas llegaron al extremo de incorporar en sus sistemas jurídicos y en su vida cotidiana, la existencia normal de centros de reclusión como vindicación de la vieja teoría que exige cobrar las violaciones a las normas sociales, no se dio. Y se llegó al extremo de entregar a esas empresas el derecho de educación y de recreación, de sentenciados y procesados. En estos días se publicó que el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero, recibe más de mil millones de pesos anuales a través del Grupo de Ingenieros y Arquitectos Asociados (GIA), por haber construido y administrar ¡un solo reclusorio en Miahuatlán, Oxaca! La información se da al mismo tiempo que se menciona la cantidad de 413 mil millones de pesos que condonaron Calderón y Peña Nieto en impuestos. O sea que todo entraba en los negocios. En el caso de los llamados centros de readaptación se hizo de lado la verdadera responsabilidad del estado que prefirió convertir en negocio los efectos del crimen. De los empresarios constructores yrestauranteros no se esperaba que resolvieran el problema de la readaptación con la educación que iban a impartir porque su negocio, como se dijo, es la ganancia. La ley arriba mencionada y otras, señalan que la manuntención del preso debe correr a partir de su trabajo, un elemento importante en su readaptación, en cuyas cuotas se contaba el apoyo a sus familias para mantener los vínculos. La presencia externa de contratistas ha cancelado en mucho esa actividad, además de elevar los enormes gastos que le cuesta cada preso al estado.
CONSIDERAR SIEMPRE QUE EL DELINCUENTE ES UN SER HUMANO
La vieja teoría de que la sociedad debe cobrar con encierro al que vulnera sus principios, de acuerdo al tamaño de la violación, muy de los siglos XVII y XVIII, no tiene mucha diferencia con la Ley del Talión. Se ceba en la necesidad de la venganza pública que quiere reivindicar con la vida o la libertad del delincuente, que las nuevas teorías han visto que es un fracaso. Estas plantean considerar al delincuente como ser humano, siempre. A menudo se sabe de penas que rebasan varias décadas por el aumento de varios delitos, y eso lleva a confirmar aquellas tesis de que las altas penas no disminuyen los crímenes. Uno de los grandes humanistas, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, el italiano Césare marqués de Veccaria, aparte de impulsar un humanismo en las cárceles de su época, que de acuerdo a esas concepciones se reflejaba en el resto de la sociedad, también se oponía a la pena de muerte porque decía que no ha demostrado ninguna eficacia en la disminución del delito. Sin embargo hacía la concesión en dos casos: la traición a la patria y cuando en la penalidad en un país no hubiera otra opción. México por fortuna ha cancelado la pena de muerte. Las denuncias que ahora se están haciendo sobre el manejo de centros de reclusión como formas mercantilizadas, prevé un cambio en lo que se piensa hacer en esos sitios. Los gobiernos mencionados dejaron el lastre de casi 30 años en sus contratos.
