Aunque las motivaciones fueron más locales y hasta anímicas, la renuncia abrupta de la embajadora de México en los EE. UU., Martha Bárcena, por razones personales y no de estrategia geopolítica bilateral ayudó a adelantar en tiempo preferencial para el gobierno mexicano un movimiento de política interna-externa: la designación de Esteban Moctezuma Barragán como jefe diplomático mexicano en Washington.
A pesar de la experiencia del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, en la burocracia mexicana ha sido difícil el armado de un cuerpo diplomático funcional a los enfoques de la 4-T para romper con las tradiciones de subordinación de la política exterior hacia los EE. UU.
Moctezuma carece de formación en la diplomacia, pero ha sido un político de sistema/régimen/Estado y juega todas las cartas del presidente López Obrador. De haberse quedado en la oficina en D.C., la embajadora Bárcena hubiera fracturado el frente único de la diplomacia presidencial mexicana ante el nuevo gobierno estadunidense.
La agenda bilateral mexicana que viene será la que determine el cuarto punto decisivo de la agenda lopezobradoristas, junto a las crisis de salud, de recesión y de seguridad. En la cancillería y en Palacio Nacional percibieron con anticipación que la Casa Blanca de Biden no sería la de Trump y que el gobierno de los EE. UU, regresaría a considerar a México con un peón del nuevo juego geopolítico. La decisión de arrestar en Los Ángeles al general secretario 2012-2018 fue parte de la agenda interna de los cuerpos de seguridad, inteligencia y defensa más vinculados al enfoque imperial de los demócratas de Clinton y Obama que a la desidia y crítica de Trump a su aparato de seguridad nacional.
El trato oficial de México al candidato ganador Biden y la reforma a la ley mexicana de seguridad nacional para someter a control a las agencias extranjeras estarían formando parte de una decisión estratégica que pudiera estarse incubando en el gobierno lopezobradorista: la formación –porque no existe como cuerpo coherente– de una doctrina de relación bilateral nacionalista dentro del marco de lo que debe ser ya un Estado de seguridad nacional.
El ataque agresivo del gobierno de los EE. UU. a un jefe del ejército mexicano –el trato, no el contenido– mostró los dientes del viejo esquema de arrogancia imperial; las reformas a la ley de seguridad nacional mexicana estarían en la ruta de un Estado mexicano con una doctrina propia de seguridad nacional geopolítica y no sólo interna. Los gobiernos de De la Madrid a Peña Nieto estuvieron subordinados a los intereses y prioridades de la Casa Blanca, pero sin negociar a cambio algunas ventajas.
El relevo en la embajada de México en Washington, el retraso presidencial mexicano al reconocimiento de la victoria del demócrata Biden y la desaparición del área de América del Norte como Subsecretaría en la cancillería fueron indicios de que la política exterior de México hacia la Casa Blanca estará centrada en Palacio Nacional.
En cambio, los primeros nombramientos del equipo de inteligencia, seguridad nacional y política exterior de Biden con funcionarios de tercer nivel dejaron el mensaje de una falta de línea estratégica global y una preocupación sólo por China. Y el adelanto de que la Casa Blanca regresará al fortalecimiento militar de la OTAN no hizo más que reforzar el indicio de que la política exterior de Biden será más beligerantemente reaganiana que obamista.
El nombramiento de un político funcional, eficaz y del primer círculo presidencial como embajador en Washington evitó más daños con los comportamientos proestadunidenses de la embajadora Bárcena y dejó claro el mando presidencial directo sobre la política exterior de México.
